La iniciativa busca prohibir cambios arbitrarios, presión laboral y garantizar condiciones seguras durante el embarazo.
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La iniciativa busca prohibir cambios arbitrarios, presión laboral y garantizar condiciones seguras durante el embarazo.
Nuevo León.- Con el objetivo de garantizar condiciones laborales dignas, seguras y libres de discriminación, el diputado Jesús Elizondo Salazar presentó una iniciativa de reforma al artículo 24 de la Ley de Servicio Civil del Estado para fortalecer la protección laboral de mujeres embarazadas en el servicio público.
La propuesta pone especial atención en sectores como educación y seguridad pública, donde las condiciones laborales pueden representar mayores riesgos para las trabajadoras en etapa de gestación.
De acuerdo con el legislador, la iniciativa busca evitar prácticas administrativas que vulneran los derechos de las mujeres embarazadas, como cambios arbitrarios de adscripción, aumento de carga laboral o presiones para renunciar.
“El embarazo no puede ser un motivo de desventaja laboral. Por el contrario, el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones seguras, especialmente en sectores donde las mujeres enfrentan mayores riesgos, como la educación y la seguridad pública”, señaló.
El diputado explicó que, en el caso de las maestras, las jornadas prolongadas de pie, el manejo de grupos numerosos y las cargas físicas y emocionales pueden representar riesgos durante el embarazo.
En tanto, en el ámbito de seguridad pública, las mujeres policías enfrentan escenarios de alto riesgo, jornadas extendidas y exigencias físicas incompatibles con la gestación.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre el 17% y el 23% de las mujeres trabajadoras en México han sufrido algún tipo de discriminación laboral relacionada con el embarazo o la maternidad, mientras que más del 18% en el sector público reporta presión laboral durante esta etapa.
“Esta iniciativa reconoce una realidad que muchas mujeres viven en silencio: la presión institucional durante el embarazo. No se trata solo de evitar despidos, sino de prevenir condiciones que, en los hechos, vulneran su estabilidad laboral y su salud”, agregó Elizondo.
La reforma contempla la prohibición expresa de cambios de adscripción o incremento injustificado de responsabilidades durante el embarazo, así como la garantía de reincorporación al mismo puesto una vez concluida la licencia de maternidad.
Asimismo, establece que ninguna trabajadora podrá ser objeto de hostigamiento, presión laboral o medidas administrativas que busquen inducir su renuncia.
“Proteger a una mujer embarazada es proteger también la vida, la familia y el futuro de nuestra sociedad. Esta reforma es un paso firme hacia un servicio público más humano, justo y responsable”, concluyó.
