Fiscalía acusa a tres detenidos de defraudar más de 500 millones de pesos a inversionistas
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Fiscalía acusa a tres detenidos de defraudar más de 500 millones de pesos a inversionistas
El Juez de Control encargado del caso del presunto fraude de la inmobiliaria Tamayo Capital resolverá hasta el próximo miércoles la situación jurídica de los tres implicados detenidos durante el fin de semana.
La audiencia se llevará a cabo en el Palacio de Justicia del Estado, donde el juzgador determinará si los acusados serán vinculados a proceso por el delito de fraude.
Entre los detenidos se encuentra el propietario de la compañía, identificado como Alejandro “N”, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del caso.
De acuerdo con las investigaciones iniciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, los tres implicados habrían defraudado más de 500 millones de pesos a cerca de 60 inversionistas.
Las víctimas señalaron que la empresa ofrecía distintos esquemas de inversión inmobiliaria y prometía rendimientos económicos; sin embargo, posteriormente comenzaron los incumplimientos contractuales y retrasos en los pagos.
Según las denuncias, varios inversionistas tampoco recibieron los beneficios pactados ni la devolución de sus recursos.
En marzo pasado, agentes ministeriales realizaron un cateo en las oficinas de la empresa ubicadas en San Pedro Garza García como parte de las investigaciones.
Posteriormente, autoridades del estado de Querétaro lograron detener a Alejandro Tamayo, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por fraude.
Más tarde, la Fiscalía confirmó también la captura de:
Ambos son investigados por su presunta participación en las operaciones relacionadas con el caso.
Durante el fin de semana, los tres detenidos fueron imputados formalmente; sin embargo, sus abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
Por ello, el juez fijó el próximo 20 de mayo como fecha para reanudar la audiencia y decidir si los acusados serán vinculados a proceso penal.
Mientras tanto, los sospechosos permanecerán internados en un penal estatal en espera de la resolución judicial.
